Los K y la vigencia del revanchismo – Parte I

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“De cuando los perseguidos de antaño ejecutan hogaño los mismos métodos que sus perseguidores, perfeccionados, para mejor provecho”, sería un buen título de Nicolás Maquiavelo, para la política de persecución parcializada que lleva adelante el régimen, disimulada bajo el rótulo reivindicatorio de los derechos humanos.

Como expresaba el pensador en ‘El Príncipe’, su excelsa obra de sociología política, cuando te haces cargo de un Estado donde la sociedad está habituada a vivir dentro de determinadas leyes y libertades públicas, si quieres conservar el poder, hay tres formas de hacerlo; la mejor es ‘desorganizarlos’, es decir, corromper sus instituciones rectoras y sus organizaciones sociales, y reemplazarlas por otras discrecionalmente manejadas desde el nuevo gobierno. Asimismo eliminando todo vestigio de la línea sucesoria del antiguo régimen a través de todos los medios a tu alcance, evitando con ello posibles rebeliones en tu contra.   

Empecemos por la Corte Suprema de Injusticia de la Nación, la cual ha sido conformada de acuerdo a la necesidad del kirchnerismo, ése que, cuando se hallaba en la vereda de enfrente, criticó acremente a los jueces de la dictadura cívico-militar y, posteriormente, a los amanuenses del alfonsinismo, del menemismo, etc.

De los siete miembros del Tribunal, cuatro fueron nombrados (puestos) por Néstor Kirchner, a saber: Eugenio Raúl Zaffaroni (2003), Ricardo Lorenzetti (2004), Elena Highton de Nolasco (2004) y Carmen María Argibay (2005); ‘mayoría automática’ para hacer o no hacer según los requerimientos del gobierno. A esta impresentable maniobra se agregó la designación de Esteban Righi en la Procuraduría General de la Nación, nada más y nada menos que el jefe de los fiscales, cuyas incumplidas funciones están determinadas en el Art. 120º de la Constitución Nacional.

De allí para abajo, muchos de los jueces designados en los últimos nueve años así como los integrantes del Ministerio Público Fiscal, o bien fueron impuestos por el Poder Ejecutivo, dadas sus afinidades con él, o bien recibieron el mensaje de que había un Consejo de la Magistratura que no vería con agrado alguna conducta díscola de los funcionarios judiciales y obraría en consecuencia.

Hasta allí, el instrumento constitucional para llevar adelante los nuevos juicios, triturando toda garantía procesal y admitiendo declaraciones testimoniales que ‘de la búsqueda de la verdad material de los hechos’ poco o nada tiene de probatorio.

Pero aquí no se trata de juzgar a quienes ya fueron o aún no han sido juzgados, sino más bien de juzgar a la Justicia argentina, particularmente, la de los últimos decenios.

Veamos un poco de Historia

Por Decreto Nº 157/1983 del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 13/12/1983, se disponía:

Por ello el Presidente de la Nación Argentina decreta:

Art. 1º – Declárase la necesidad de promover la persecución penal, con relación a los hechos cometidos con posterioridad al 25 de mayo de 1973, contra Mario Eduardo Firmenich (L.E. 7.794.388); Fernando Hugo Vaca Narvaja (L.E. 7.997.198); Ricardo Armando Obregón Cano (L.E. 2.954.758); Rodolfo Gabriel Galimberti (C.I. 5.942.050); Roberto Cirilo Perdía (L.E. 4.399.488); Héctor Pedro Pardo (L.E. 7.797.669); y Enrique Haroldo Gorriarán Merlo (LE. 4.865.510) por los delitos de homicidio, asociación ilícita, instigación pública a cometer delitos, apología del crimen y otros atentados contra el orden público, sin perjuicio de los demás delitos de los que resulten autores inmediatos o mediatos, instigadores o cómplices.(…)

Firmado: Raúl Ricardo AlfonsínPresidente de la Nación ArgentinaBuenos Aires, 13 de Diciembre de 1983

 

Y por Decreto Nº 158/1983 del Poder Ejecutivo Nacional, de la misma fecha, se disponía:

Por ello, el Presidente de la Nación Argentina decreta:

Art. 1º Sométase a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de la Junta Militar que usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976 y a los integrantes de las dos juntas militares subsiguientes, Teniente General Jorge R. Videla, Brigadier General Orlando R. Agosti, Almirante Emilio E. Massera, Teniente General Roberto E. Viola, Brigadier General Omar D. R. Graffigna, Almirante Armando J. Lambruschini, Teniente General Leopoldo F. Galtieri, Brigadier General Basilio Lami Dozo y Almirante Jorge I. Anaya.

Art. 2º Ese enjuiciamiento se referirá a los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a los detenidos, sin perjuicio de los demás de que resulten autores inmediatos o mediatos, instigadores o cómplices los oficiales superiores mencionados en el Art. 1º.(…)

Firmado: Raúl Ricardo AlfonsínPresidente de la Nación ArgentinaBuenos Aires, 13 de Diciembre de 1983

 

Los juicios se llevaron a cabo en 1985 y el resultado fue la condena de los Jefes Militares y de los cabecillas de las Organizaciones Guerrilleras.

Durante el mismo gobierno de Raúl Alfonsín, el Congreso Nacional sancionó:

La Ley Nº 23.492 – 24/12/1986 – Punto FinalA través de la cual se extinguen las acciones penales contra militares que no estuvieren prófugos, o declarados en rebeldía, o que no hayan sido ordenadas sus citaciones a prestar declaración indagatoria, y en las mismas condiciones contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983.

En Artículo 5º expresa: “La presente ley no extingue las acciones penales en los casos de delitos de sustitución de estado civil y de sustracción y ocultación de menores”, y

La Ley Nº 23.521 – 08/06/1987 – Obediencia Debida (Se fijan limites)A través de la cual se establece el principio de obediencia debida de integrantes de FF.AA., FF.SS., Policiales y Penitenciarias, excepto a quienes se desempeñaron como Comandante en Jefe, jefe de zona, jefe de subzona o jefe de fuerza de seguridad, policial o penitenciaria si no se resuelve judicialmente, antes de los treinta días de promulgación de esta ley, que tuvieron capacidad decisoria o participaron en la elaboración de las órdenes. Otro de los límites está explicitado en el “Artículo. 2° – La presunción establecida (…) no será aplicable respecto de los delitos de violación, sustracción y ocultación de menores o sustitución de su estado civil y apropiación extensiva de inmuebles”.

Cabe destacar que estas dos leyes no fueron votadas por unanimidad, pero sí por la inmensa mayoría de los legisladores de la UCR en ambas cámaras.

Dados los permanentes cuestionamientos y cierto estado deliberativo en los cuadros de jefes y oficiales de las FF.AA., especialmente en el Ejército, Carlos Saúl Ménem, en ejercicio de la Presidencia de la Nación y en uso de la facultad constitucional de ‘Indultar’ (CN de 1853- Art. 83º, inc.6), y a efectos, según trascendió, de buscar la pacificación nacional definitiva, sanciona con fecha 07 de octubre de 1989, los siguientes Decretos:

Decreto 1002/89: Indulta a todos los jefes militares procesados que no habían sido beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, excepto el ex-general Carlos Guillermo Suárez Mason, que había sido extraditado de los Estados Unidos.

Decreto 1003/89: Indulta a líderes y miembros de los grupos guerrilleros y otras personas acusadas de subversión, entre ellas personas que se encontraban muertas o “desaparecidas”. También indulta a militares uruguayos.

Decreto 1004/89: Indulta a todos los participantes de las rebeliones militares carapintadas de Semana Santa y Monte Caseros en 1987 y de Villa Martelli en 1988.

Decreto 1005/89: Indulta a los ex-miembros de la Junta de Comandantes Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo, condenados por los delitos cometidos en la conducción de la Guerra de las Malvinas

Y sanciona con fecha 29 de diciembre de 1990, los siguientes Decretos:

Decreto 2741/90: Indulta a los ex miembros de las juntas de comandantes condenados en el Juicio a las Juntas de 1985 Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola, y Armando Lambruschini. Indulta también a los militares condenados en crímenes contra la humanidad Ramón Camps y Ovidio Ricchieri.

Decreto 2742/90: Indulta a Mario Eduardo Firmenich, líder de la organización guerrillera Montoneros.

Decreto 2745/90: Indulta al ex-ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz procesado por participación en los delitos contra la humanidad (secuestro y torturas) contra Federico y Miguel Ernesto Guthein.

Decreto 2746/90: Indulta al ex militar Guillermo Suárez Mason por delitos contra la humanidad.

Nota del autor: Según la doctrina, el ‘indulto’ procede cuando hay sentencia firme. El ‘indulto hace desaparecer la pena pero no el delito. Asimismo, extingue los efectos de la pena, con excepción de las indemnizaciones debidas a los particulares. (Fontán Balestra – T.I, págs. 587/88).

Jurisprudencia Nacional: “Es inconstitucional el decreto del Poder Ejecutivo que indulta antes de la sentencia definitiva una persona sometida a proceso” (Cámara Nacional Criminal y Correccional 02/12/1960).

Como se puede apreciar, varios de los ‘indultos’ presidenciales estaban viciados de nulidad, porque no guardaban relación con los principios constitucionales ni con la legislación vigente en la materia.

Esta situación fue aprovechada por el gobierno kirchnerista para volver sobre los pasos de la justicia y reabrir muchas de las causas que aún hoy están en proceso.

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2 respuestas a Los K y la vigencia del revanchismo – Parte I

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