CRISIS POLÍTICO-INSTITUCIONAL

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Una de las mayores interrogantes en la política – como ciencia y/o como el arte de gobernar -, es saber si puede conducirse un Estado en permanente desequilibrio político-institucional.
No voy a apelar a un mero cálculo de la Física, pero tampoco es natural desechar algo tan básico como el equilibrio necesario para sostener la gobernabilidad, entendiendo por ésta, la capacidad y habilidad de gestionar sin demasiadas dificultades para la consecución de los objetivos de las políticas de Estado, preferentemente con el apoyo crítico del sector no oficialista.

En política prácticamente «todo es negociable» y, si alguna vez aparece un imponderable, ya sabemos cómo ha terminado más de un país, i.e., con una guerra civil o con una dictadura asfixiante.
Es archisabido que la célula madre de toda sociedad es la misma familia, y ésta debe tener a su frente a alguien que ejerza el mando bajo un principio de autoridad naturalmente admitido, porque sin conducción no hay orden y sin orden no hay desarrollo posible. Como decía el pensador francés Jacques B. Bossuet: “Donde ninguno manda, mandan todos. Donde todos mandan, nadie manda. Es el caos.
Las multitudes no piensan, se mueven al influjo de los cánones impuestos por exiguas minorías; no tienen capacidad de gestión sin una adecuada dirección por parte de esas minorías pensantes y conducentes.
Sin dudas que absolutamente ningún sistema político es perfecto y todos los conocidos han sido probados en el orbe con mejores o peores resultados para sus destinatarios, en definitiva, las sociedades civiles.
Las características de las naciones suelen ser distintas, aun las que parecen tener un tronco común. Mucho tiene que ver – en la manera de ordenarse y gobernarse – la idiosincrasia de cada sociedad, su escala de valores que está totalmente ligada a sus etnias originantes, a sus tradiciones más arraigadas, su situación geográfica, su clima y el sostenimiento de una lengua común para tener la mejor comunicación social posible.
Desde la época de los presocráticos se ha hablado y teorizado sobre monarquías, tiranías, aristocracias, oligarquías, democracias, demagogias, etc., pero más allá de las ideas, la única verdad ha sido el resultado del cóctel compuesto por la idiosincrasia del pueblo y su forma de gobierno, impuesta o elegida.
Las masas no expresan sus ideas a través del voto, sino su adhesión a las ideas de pequeñas minorías o de un individuo de profusa verborrea que ha captado su interés; sobre éstas circunstancias escribía De Mahieu: “Pero cuando se trata de designar a los hombres que deberán dirigir a la Comunidad, en una escala superior en demasía a la del individuo, la masa ya no es sensible sino a una mezcla compleja y variable de intereses particulares, impulsos pasionales, costumbres y mitos que muy poca relación tienen con la política. Por un jefe verdadero que logra, en un período de crisis, imponerse a ella, ¡cuántos mediocres y arribistas sin escrúpulos, hay que consiguen captar su confianza y sus sufragios! Tal vez el pueblo consagre con su voto a los que ya lo mandan: pero se deja mandar no por los más capaces sino por aquellos que mejor saben halagar sus aspiraciones del momento”. (1)
La democracia como forma de gobierno tiene variantes y los resultados de su ejercicio han sido diversos desde los primeros intentos en las polis griegas hasta nuestros días.
Dentro de ella, hay un amplio espectro de posibilidades de aplicación, desde la más «pura» a la más viciosa, la que generalmente deriva en una demagogia sofocante y lesiva, porque además provoca fracturas dentro de la estructura social.
El famoso eslogan utilizado en casi todas las campañas electorales en nuestro país, que reza «el que gana gobierna y el que pierde ayuda» es sólo eso, un aforismo que no por muy reiterado se ha hecho realidad.
Esto acontece en la Argentina, y es producto, básicamente, de la negligencia e impericia y/o del dolo por parte de quienes acceden a los cargos ejecutivos para simular una conducción de la administración del Estado y resolver presuntamente las cuestiones políticas esenciales.
Los politicastros, mejor llamados aventureros de la política, son quienes – por diversas circunstancias del destino – han ocupado las vacantes en el poder ejecutivo de la República, ya sea por el voto o por haber sido designados, por caso Ministros y Secretarios de Estado.
Salvo casos muy excepcionales – en nuestra historia político-institucional -, prácticamente casi no ha habido gobernantes desde 1810 a la fecha (fueran éstos electos legalmente o de facto), con capacidades de «estadistas» para gobernar el país.
Convengamos que las primeras décadas en nuestro devenir nacional estuvieron más ligadas a procesos bélicos que a cuestiones meramente administrativas. Hasta fines del siglo XIX la Patria fue un hervidero de conflictos internos y externos que mantuvieron en vilo a la ciudadanía y no dieron respiro a los pretendidos gobernantes para sentar las bases de un Estado de derecho sin zozobras.
A lo que debemos agregar, no sin pesar, el amañado de los procesos electorales en todos los tiempos históricos, desde la formación de la Primera Junta de gobierno en adelante; seguramente como parte del legado de la monarquía española y sus instituciones sui géneris para la América hispana.
Necesariamente debo hacer nuevamente referencia al equilibrio necesario para que no se desvirtúen las instituciones y sus objetivos primarios.
Debemos aclarar que para los primeros gobernantes, la falta de formación política y de experiencia gubernativa jugó en contra de su mejor voluntad; pero ya con las bases político-institucionales establecidas después de Caseros (1852), empezaron a llegar a las instituciones de la república una morralla de serviles arribistas plantados por los intereses supranacionales dominantes y ratificados por la ingenuidad vulgar de quienes creían haberlos elegido.
Lo concreto es que desde la elección del primer presidente bajo la Constitución de 1853; i.e. desde 1854, hasta el 2019, hemos tenido cincuenta y cinco Presidentes (55), de los cuales veintiuno (21) fueron militares [ocho (8) electos y trece (13) de facto]; y treinta y cuatro (34) civiles [veintiséis (26) abogados, tres (3) políticos, dos (2) ingenieros, un (1) odontólogo, un (1) médico y un (1) docente].
De todos ellos, los únicos no impuestos por el establishment supranacional fueron Hipólito Irigoyen y Juan Domingo Perón, militar de carrera este último pero con una sólida formación socio-política que le asignó cualidades de estadista.   
Hace un siglo ya que el pensador José Ingenieros escribía: “Las jornadas electorales conviértense en burdos enjuagues de mercenarios o en pugilatos de aventureros. Su justificación está a cargo de electores inocentes, que van a la parodia como a una fiesta”. (2)
Los niveles de corruptela en todo orden han llegado a tal grado de naturalización, que los propios legisladores (nacionales, provinciales y municipales), generan y/o modifican las normas para terminar favoreciendo estas prácticas ya internalizadas.
Por ejemplo, ahora van por la legalización del homicidio agravado por el vínculo, llamado «aborto», en asociación ilícita con los profesionales médicos actuantes; por supuesto, hoy con beneficio de inventario electoral. Porque sepan argentinos que hay partidos que hacen campaña utilizando la muerte de personas inocentes como eslogan.
Son los mismos legisladores que han sancionado leyes que avanzan sobre las libertades individuales y, esencialmente, sobre la propiedad privada esencial e intangible del propio cuerpo humano, disponiendo a priori de los órganos de los ciudadanos para la realización de trasplantes y obligando a cada uno a declarar públicamente ante organismos jurisdiccionales su decisión de no ser donante. (Ley Nº 27447 – Cap. VIII)
Los que otorgan concesiones extraordinarias a delincuentes confesos para reducirles las puniciones en caso de aportar información para las condenas de los principales responsables de los delitos juzgados. (Ley 27304).
De los arrepentidos se sirve Dios, y parece que hay jueces que se consideran dioses y tienen los juzgados llenos de delincuentes que con tal de evitar o morigerar sus puniciones negocian hasta a su propia madre.
Convengamos que más allá de las escasas condenas de ex funcionarios públicos dictadas por la justicia durante este gobierno nacional, todo se ha parecido a un juego de escondidas donde la prensa amarillista y mercenaria de todo estipendio se solaza prejuzgando con singular sesgo.
Sin dudas que en este trienio los poderes de la república han estado más ocupados en concretar ciertas purgas internas que en desarrollar sus obligaciones constitucionales.
El Poder Ejecutivo ha sido el más ágil para sanear; el Legislativo, pese a las elecciones de medio término ganadas por el oficialismo, no ha logrado establecer el equilibrio necesario; y el más engorroso de los tres ha sido el Judicial, el cual precisamente fue copado por la mafia kirchnerista durante doce años y comercializó una justicia exprés montada sobre las inextricables causas de delitos de lesa humanidad.
Lo realmente atroz ha sido que la CSJN con mayoría automática kirchnerista, pulverizó una de las garantías esenciales del derecho, al permitir la aplicación retroactiva del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (sancionado en Roma en 1998 y ratificado por Argentina en 2001), aun cuando en su Artículo 24 expresa lo contrario. (Similar precepto consta en la Carta de la Convención Americana de sobre Derechos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica (1969) en su Art. 9º. La Argentina aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos por Ley Nº 23.054, del 1º de marzo de 1984. Ratificada y aceptada la competencia de la Corte el 5 de septiembre de 1984, con una reserva y declaraciones interpretativas. Se procedió al trámite de notificación de la reserva de conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados suscrita el 23 de mayo de 1969. Todo esto fue soslayado por la CSJN y sus conniventes legisladores nacionales.)
En estas circunstancias es una auténtica utopía pensar que cualquier gobierno, salvo alguno de neta orientación dictatorial, pueda funcionar equilibradamente.
Con las instituciones de la república mancilladas por el fariseísmo del funcionariado de turno y acerbamente criticadas por el oposicionismo político crónico con la impepinable asistencia de la prensa amarillista y mercenaria de todo estipendio, creer que la gobernabilidad es posible es una ficción.
El presidente de la Argentina parece estar convencido de que su campaña electoralista en el exterior necesariamente traerá inversiones productivas y provocará un cambio estratégico en las condiciones socio-económicas del país; cuando en realidad primero tiene que poner la mira en revertir los letales efectos residuales de la última dictadura cívico-militar (atropello y soberbia), la cual ha dejado como secuela un internalizado abuso de autoridad notable en aquellos que ejercen cierto grado de poder, como la Iglesia, los sindicatos y el empresariado avaricioso e insolidario.
Los únicos inversores que arribarán a nuestro país son los especuladores, mal llamados de riesgo, favorecidos por la primavera «fondo monetarista» que nuevamente nos pone en jaque con vista al futuro mediato. El diablo vuelve a meter la cola como lo hiciera la Baring Brothers hace dos siglos de la mano de Bernardino Rivadavia.
El pastor Mauricio, un émulo rivadaviano, ha negado todas las reglas del arte de la construcción, empezando por el techo en lugar de por los cimientos.
Hasta ahora sólo ha especulado con similares vicios que nos legaran quienes gobernaron desde 1983 hasta hoy.
La dádiva es adictiva, y cuando amplios sectores sociales se acostumbran a ella, el proceso de desintoxicación es tedioso y con altísimos costos sociales.
Lo cierto es que cuando la oposición política parece que empieza a quedarse sin letra para denostar al gobierno actual, éste sale de su letargo y abona el guión con acciones de dudoso futuro que siguen poniendo en  la palestra la falta de un proyecto nacional real, serio y posible.
Parece que tanto el Presidente como sus asesores y alquimistas de coyuntura siguen encerrados en un laboratorio ensayando las fórmulas más insólitas para hallar una solución al septuagenario problema que no nos abandonará hasta que no se establezcan reglas claras y de cumplimiento efectivo para TODOS LOS ARGENTINOS.
«No se puede pintar la Mona Lisa asignando un poco de pintura a mil pintores». Lord John Emerich Edward Dalberg-Acton (1834-1902)
(1) Jaime María de Mahieu – “El Estado Comunitario” – 1973
(2) José Ingenieros – “El hombre mediocre” – 1917
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