SIN REPRESENTACIÓN LEGISLATIVA

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Cuando la sociedad empieza a sugerir, cada vez con mayor frecuencia sobre ciertos temas sensibles, que se llame a consulta popular, es una clara señal de que ya no confía en el tino de sus legisladores, sean éstos nacionales, provinciales o municipales.

Sin dudas que esta situación se percibe con mayor claridad en las pequeñas ciudades donde los miembros de los cuerpos legislativos, i.e. los concejales, no revelan gozar de grandes capacidades y habilidades personales para la elaboración de normas legales, por lo que generalmente se <acoplan> a las directivas del partido político gobernante (provincial y/o nacional), más que a los requerimientos sociales.
Pese a ser el Concejo Deliberante, la primer instancia legislativa constitucional, sólo los municipios de gran población – en general las capitales provinciales, que ejecutan anualmente abultados presupuestos -, cuentan con una burocracia legislativa más diversificada y necesariamente deben incorporar profesionales a las distintas comisiones parlamentarias; el resto de las ciudades pequeñas continúan a «poncho y lanza», es decir, imitando normas de otros municipios y, eventualmente, agregando o modificando algún párrafo para que no resulte tan grotesco el plagio.
Algo similar acontece con las legislaturas provinciales, donde no encontramos grandes diferencias con los municipios, salvo en los números de los presupuestos y en la cantidad de legisladores que abrevan de las arcas distritales.
Y si parangonamos con el Congreso Nacional, no vamos a descubrir algo distinto, sólo más presupuesto y mucho congresista haciendo turismo legislativo a costa de los impuestos tributados por quienes realmente trabajan. 
Los poderes legislativos en municipios, provincias y nación, no tienen, ni por asomo, la dinámica que la sociedad en general y los Estados provinciales en particular exigen y a los cuales aseguran representar.
Los esfuerzos personales y corporativos están puestos al servicio de su continuidad laboral y los beneficios devengados de ella; de allí que las demandas sociales encuentren poco eco, esencialmente porque los legisladores no tienen contacto alguno con sus electores, salvo en los ‘minutos’ preelectorales.
Los antiguos comités, unidades básicas y seccionales, como bocas de atención partidarios, que otrora eran sostenidos con los aportes de los nostálgicos funcionarios políticos en ejercicio y por afiliados y adherentes, y que permanecían abiertas para recepcionar las inquietudes de los adeptos y de la población en general, han desaparecido – pese a estar financiadas por la Ley 26215 -, y sólo abren cuando se necesita incorporar a nuevos afiliados.
El alejamiento que se ha producido por parte de los legisladores de la ciudadanía no es casual. La impericia de algunos y la soberbia de otros parlamentarios son dos de los factores que han generado el aislamiento de los primeros y su cada vez mayor adicción a una prensa fraguadora de opinión pública que se adjudica la canalización del reclamo social utilizando las muletillas “la sociedad quiere” o “la comunidad reclama”, cuando en realidad es una exigua minoría interesada la que pugna.
Promueve vergüenza ajena ver y oír a los tartufos legislativos al ser entrevistados por los mesnaderos de la prensa, cuando sistemáticamente recurren a los habituales tópicos y a erotemas que, incluyendo la exposición de sofismas de todo orden, buscan justificar la ficción legislativa.
Es más, están tan mimetizados con su gregal, que repiten metódicamente eslóganes y latiguillos hasta el hartazgo. Son los charlatanes a quienes se refería Montesquieu en sus Cartas Persas; «Son los que saben hablar sin decir nada; y mantienen una conversación durante dos horas sin que sea posible comprenderlos, plagiarlos o retener una palabra de lo que han dicho».
Ni los ediles, ni los diputados son la voz del pueblo; tampoco los senadores suelen ser la expresión cabal de sus Estados; sólo son delegados de los partidos políticos o alianzas a través de los cuales han llegado a ocupar una banca.
Convengamos que algunos tampoco asumen siquiera esa postura corporativa, como los que llegan por una vía electoral y luego cambian abruptamente de carril, como el caso del Dr. Ricardo Lorenzo con su mentado ‘borocotazo’; y aún peores son aquellos que forman bloques unitarios sin peso político alguno pero con prebendas non sanctas, como las de entregar su voto al mejor postor.
A tal grado de egocentrismo y blasonado han llegado que no sólo no buscan ponerse de acuerdo entre ellos para mejorar las propuestas legislativas, sino que bregan por destruirlas y, si no pueden lograrlo, manipulan extorsivamente el quórum.
Es muy común escuchar a los simuladores hacer ostentación de sus habilidades para cambiar figuritas (como dicen los niños), como si todo fuese un permanente chalaneado.
El «plan canje» o el «hoy por ti, mañana por mí», son los mecanismos por medio de los cuales pergeñan las normas legales que en definitiva no expresan la voluntad popular sino la interpretación antojadiza e interesada de su extremo ideológico.
Además, partamos de la realidad de que no hay una escuela para legisladores, donde se les desasne respecto a lo que verdaderamente significa la función legislativa y su responsabilidad en la construcción de un sistema jurídico que acompañe, oriente y encuadre armónicamente el desarrollo social e institucional.
Pero todo, salvo el acto de fe, tiene una explicación razonada e inteligible; en este caso nuestros problemas son arrastrados desde nuestro mismo origen como nación independiente.
Recordemos que a partir la creación del Primer Gobierno Patrio el 25 de mayo de 1810, la sucesión de gobiernos, normas, contra-normas y parches fue ostensible y la inestabilidad institucional sólo generó mayor incertidumbre y caos social.
Conviene aclarar que los rioplatenses, regidos habitualmente desde 1580 por las Leyes de Indias y sus funcionarios coloniales poco apegados a ellas, posiblemente por el hecho de tener muy distante la cabecera virreinal (Perú) y muy lejana la metrópoli, – aún a partir de 1776, con la creación del virreinato del Río de la Plata -, no fuimos demasiado dóciles para convivir bajo normas coercitivas.   
El pensador francés Alexis de Tocqueville escribía: “Si nos fuese posible remontarnos hasta los elementos (fundamentos) de las sociedades, y examinar los primeros monumentos de su historia, no dudo que podríamos descubrir en ellos la causa primera de los prejuicios, de los hábitos, de las pasiones dominantes, de todo lo que compone, en fin, lo que se llama el carácter nacional. Encontraríamos en ellos la explicación de usos que, actualmente, parecen contrarios a las costumbres imperantes; leyes que parecen en oposición con los principios reconocidos; opiniones incoherentes que se encuentran aquí y allí, en la sociedad, como esos fragmentos de cadenas rotas que se ven colgar aún a veces de las bóvedas de un viejo edificio, y que no sostienen nada ya.
Así se explica el destino de ciertos pueblos que una fuerza desconocida parece arrastrar hacia una meta que ellos mismos ignoran. Pero hasta aquí faltaron los hechos para un estudio semejante; el espíritu de análisis no se ha conocido en las naciones sino a medida que envejecen, y cuando por fin pensaron en contemplar su cuna, el tiempo la había envuelto en una nube y la ignorancia y el orgullo la rodearon de fábulas, tras de las cuales se oculta la verdad. (La democracia en América – 1835)  
Cualquier semejanza con la realidad socio-política de nuestro país no es casualidad, es puro desdén.
Recordemos que la democracia como teoría gubernativa pura dejó de ser tal a partir de la puesta en escena de la «democracia representativa». Razones para justificar dicha circunstancia las hay por decenas y todas son atendibles. La misma constitución nacional expresa en su Artículo 22: «El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición” (C.N. 1853)
El último recurso de soberanía directa que le queda a la sociedad, y que tampoco depende de ella su puesta en práctica, es el plebiscito o consulta popular (Art. 40 C. N. – Ley 25432); que también tiene sus bemoles, seguramente para proteger los intereses de la corporación política.
En el devenir democrático, nuestra sociedad ha ido resignando poder porque ha sido persuadida de que lo más conveniente y menos estresante era dejar en manos de los mandatarios absolutamente todo.
Grave decisión si la hay, porque se está soslayando el más elemental principio de soberanía, abdicando en favor de politicastros y bribones lo que por derecho natural nos corresponde. Con las consecuencias puestas ya no hay retorno por más que se intente una queja.  
Y más grave aún, porque esa cesión graciosa de soberanía ha terminado por crear pequeños déspotas que, agitando las urnas con los votos obtenidos en la elección, se auto-consideran los únicos y auténticos intérpretes del pensamiento nacional.
Este es el más severo problema que acontece en la Argentina, el debilitamiento institucional republicano a consecuencia de las permanentes disputas personales por el acceso a los espacios de poder, coadyuvado por la omisión cómplice del máximo organismo judicial de la nación que, no sólo permite leyes inconstitucionales, sino que llega a tolerar que delincuentes e inmorales se hallen sentados en el Congreso Nacional, en las legislaturas provinciales y en los Concejos Deliberantes municipales,  sin escrúpulo alguno por dicha afrenta.
Los poderes republicanos, como bien refiere Tocqueville, pueden ser usados en ambos sentidos; pero lo que no puede ser desconocido ni condicionado es la «libertad» como principio rector de nuestras vidas.
Los pequeños tiranuelos que acceden al poder merced a las herramientas que se han aportado a sí mismos utilizando las potestades de la república y los artilugios de una democracia apócrifa, terminan convenciéndonos de que lo más conveniente es seguir el camino que ellos trazan, más a su conveniencia que a la de la sociedad que afirman representar/administrar.
Cuando hago referencia a la omisión cómplice de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (y sus tribunales inferiores), es precisamente porque allí – en una auténtica república – se encuentra el poder para desactivar legítimamente todo intento de avasallamiento a las libertades individuales y sociales. 
Los legisladores construyen, modifican y/o derogan leyes, las cuales no deben contraponerse a los principios constitucionales, que aunque no todos se encuentren taxativamente expresados en la ley madre, cae de suyo que circulan por los rieles del propio Preámbulo.
Finalmente, sin lugar a dudas, el mejor blindaje y salvaguarda de las instituciones de la república no es la impunidad cómplice sino la guarda del decoro por parte de los funcionarios que representan a cada una de ellas.
Sugiero a mis lectores que hagan un poco de turismo por los proyectos parlamentarios de ambas cámaras del congreso y tomen conciencia de la realidad legislativa:
“… es evidente que tocando al hombre en sus intereses claudica no sólo el patriotismo sino la buena fe y demás circunstancias que lo adornan…” (Mariano Moreno – Plan Revolucionario de Operaciones – 30 de agosto de 1810)

 

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