GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Fueros – Inmunidades – Privilegios – ¿Impunidades?

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Constitución Nacional – “Art. 16: La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.

Afirmar que los fueros le corresponden a las Cámaras y por carácter transitivo a cada uno de sus integrantes es una forma elegante de disimular la existencia de “fueros personales”.
Sin lugar a dudas, bajo el estricto respeto a la Constitución, la actual Ley 25320 de Fueros debería ser declarada inconstitucional, por contradecir el tenor del Art. 16.
Es más, si vamos a las Disposiciones Comunes a ambas Cámaras de la manzana de la corruptela, podemos ver que en ningún artículo se lee la palabra “fueros”, “privilegios” o “inmunidades”:
“Art. 68.- Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador.
Art. 69.- Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho.
Art. 70. Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento.”
Lo que sí se advierte es una especie de protección corporativa que va más allá de las posibilidades de un interrogatorio judicial o molestias por las opiniones emitidas en el ejercicio de su función legislativa, lo que podría ser considerado un acto de encubrimiento por parte de los pares del presunto comitente de una ilegalidad.  
La igualdad ante la ley no puede ser soslayada por algún tipo de fuero, inmunidad o privilegio, de lo contrario se estaría violando otro precepto constitucional contenido en el mismo Art. 16.
Todos somos iguales ante la ley; no debe ser posible desigualdad alguna por más inmunidades que se pretendan para los legisladores.
El uso de la palabra por parte del legislador para exponer y defender una idea, un proyecto o cualquier otra cuestión relacionada con la formación y sanción de las leyes, y/u otra expresión legislativa vertida en concordato con la ley madre de nuestra Nación, no debe ser impedido bajo ningún punto de vista, pero en caso de que de esas expresiones se interprete la presunta existencia o denuncia de existencia de algún delito de orden civil y/o penal, la misma deberá ser probada ante la justicia, de lo contrario equivaldrá a un delito penado en el Código Penal de la Nación.
Nuestra lengua madre es excesivamente rica en expresiones idiomáticas y los legisladores, salvo puntuales excepciones, tienen cierta formación previa que los debería prevenir para evitar el uso injuriante del idioma, máxime aun cuando saben que un hipotético agravio puede constituir una infracción flagrante a la normativa vigente.
No se trata de alimentar la sicosis de un INADI en los recintos legislativos, pero así como se busca garantizar la libertad de expresión de los legisladores, es de estricta justicia que esa libertad no afecte los derechos de terceros y que terminen resultando impunes en nombre de inmunidades mal entendidas.
Por otra parte, el accionar de cualquier ciudadano no debe estar reñido con las normas que regulan nuestra convivencia social, en la cual mayor responsabilidad tienen aquellos hacedores de nuestro sistema jurídico, por lo tanto es a ellos a quienes se les debe exigir el más estricto cumplimiento de las leyes, así como a las fuerzas armadas, de seguridad y policiales se les exige mayor responsabilidad por sus características legales.
No obstante, antes de que un ciudadano integrare una lista como candidato a cualquier poder legislativo, nacional, provincial o municipal, o habiendo sido elegido, si se hallare imputado por la comisión de algún delito; no debe permitirse su inclusión como candidato o, habiendo sido electo, su asunción al cargo.
Los mal denominados “fueros” de los que presuntivamente gozan los legisladores nacionales, provinciales y municipales, constituyen un privilegio, i.e. una exención de una obligación o ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia; no son una protección integral para evadir sus responsabilidades ante la sociedad y la ley; se trata sólo de una garantía en el ejercicio de su función legislativa.
Originalmente fueron previstos en Europa (Reino Unido) y emulados en América (USA, Canadá, etc.), como un mecanismo de protección contra cualquier tipo de agresión que pudiese llevarse a cabo hacia los integrantes del poder legislativo, cuyos miembros podían quedar a merced de cualquier persona y/u organización que se considerara lesionada por el ejercicio legislativo de los representantes del pueblo o de los Estados provinciales.
La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, que fue tomada como modelo por el Dr. Juan Bautista Alberdi, expresa en su Artículo I, Sección 6, Cláusula I: “Los senadores y representantes… Ellos tendrán en todos los casos, el privilegio de no ser arrestados mientras permanezcan en sesión en sus respectivas cámaras, mientras se dirijan hacia ellas o se retiren de ellas, excepto en caso de Traición, de la comisión de un delito grave o la alteración de la paz. Tampoco podrán ser reconvenidos fuera de la Cámara por ninguno de sus discursos o por sus manifestaciones en cualquier debate en ella. (…)”.
En el caso de los parlamentarios en Gran Bretaña, los mismos no pueden ser arrestados – dentro del Parlamento o del predio residencial – por causas civiles, pero sí pueden ser arrestados por causas penales o criminales.
En sí, la difundida protección histórica brindada a los parlamentarios, esencialmente como consecuencia de la denominada revolución francesa, fue la de ‘blindar’ a los legisladores para protegerlos de cualquier especie de agresión y/o avasallamiento por parte de los poderes ejecutivo y judicial que previamente habían sido arbitrariamente manejados por los monarcas.
Consolidadas las instituciones republicanas, primero en Europa y luego en América, este blindaje residual se focalizó en garantizar las libertades de expresión y de objeción de consciencia; mas nunca para cubrir de impunidad a miembro alguno de los parlamentos por la comisión de delitos, porque esto violaría intrínsecamente uno de los derechos fundamentales establecidos por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano librada en Paris – Francia en 23/06/1793- Art. 3º “Todos los hombres son iguales por naturaleza y ante la ley”. 
La duda que genera el artículo 70 de la Constitución Nacional y que suspicaz y maliciosamente puede ser utilizada por los pares del presunto infractor es donde dice: “podrá cada Cámara”…; allí debería decir «deberá cada Cámara»…, ya que si el imputado resultare condenado quedaría exonerado sin más, pero si fuere considerado inocente debe ser reincorporado con todos sus derechos como legislador.
Esta diferencia en el verbo tiene una significación capital para que no se entorpezca el avance de la justicia, especialmente cuando quien debe ser suspendido o puesto a disposición, forma parte de un bloque mayoritario con lo cual nunca se llega a los 2/3 de votos previstos y necesarios para su suspensión.
Vale aclarar que no se trata de cuestiones relacionadas con la función legislativa donde la representación política podría meritar excesos siempre que no constituyan delitos redimibles con prisión. 
A todo este desaguisado se agrega, que la mentada “Ley 25320 de Fueros” es producto, entre otros legisladores, de Cristina F. de Kirchner, de Elisa Carrió y de la bancada radical arribada al Congreso a través de la Alianza en diciembre de 1999 y sancionada, entre otros, por los tristemente célebres «Senadores de la Banelco» denunciados oportunamente.
Una reforma constitucional seria y profunda es la mayor deuda que tienen los sucesivos gobiernos desde el siglo pasado.
Terminar con la parodia del ‘juicio político’ es un imperativo de este siglo. Constituciones más modernas han incluido en su articulado la denominada “Revocatoria de Mandato”, la cual puede ser solicitada contra cualquier miembro de los poderes ejecutivo y/o legislativo, a través de una requisición suscripta por el 10% del padrón electoral del distrito y debidamente probada en los estrados judiciales. Con esto se impide el encubrimiento que sistemáticamente ejercen los pares del presunto responsable de cualquier violación del orden constitucional.
Es obvio que la garantía de que “Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo…” (Art. 18) hace que aún aquel que se sabe culpable no quiera presentar su renuncia porque podría considerar que es una forma de culpabilizarse, más aún en nuestro país donde la honestidad es un sinónimo de febledad y, por qué no, de estupidez.
Convengamos que el juicio político es, comparativamente con un juicio ordinario, un trámite cuyo extremo punitivo puede llegar a la inhibición permanente de desempeñar cargos públicos, por lo que su relevancia es infinitamente menor que la que debería enfrentar ante la Justicia.
El juzgamiento de una persona que ha cometido delitos, aún en el ejercicio de sus funciones en el poder legislativo, no puede ser impedido o bloqueado ni en su concreción ni en el cumplimiento efectivo de la pena impuesta.
No puede ser facultad de Cámara legislativa alguna determinar por fuera de la Justicia si una persona puede ser juzgada y cumplir con la sanción correspondiente.
Así como los gobiernos desde 2003 a 2015 derogaron, a través de la Corte Suprema, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida (ambas sancionadas en democracia), para que integrantes de las Fuerzas Armadas no eludieran sus responsabilidades penales por presuntos delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar; hoy, esta misma Corte debería derogar por inconstitucional la Ley 25320 y exigir que las inmunidades legislativas sólo sean para garantizar el libre ejercicio de la función ad hoc, mas no para eludir la justicia.
“TODOS LOS ANIMALES SON IGUALES, PERO ALGUNOS ANIMALES SON MÁS IGUALES QUE OTROS” –  ‘La rebelión en la granja’ – George Orwell – (1903-1950)

 

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