JUSTICIA CON TRAMPAS

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¿Cómo les explico a los argentinos de buena fe, que la justicia es un enorme negocio, especialmente para los estudios jurídicos patrocinantes?
Estoy convencido de que más de un avisado lector dirá “obvio”, pero esa “obviedad”, naturalizada por el silencio cómplice del ciudadano que lo sufre y calla, o sólo lo comenta en su círculo íntimo, no soluciona el problema de fondo.

No voy a recurrir a los casos que me han tocado vivir en primera persona, porque podría perder objetividad, si es que la hay por estos tiempos; pero sí me voy a apropiar de la información que sistemáticamente lanzan los medios de prensa amarillista y mercenaria de todo estipendio.
Fluyen las noticias, la mayoría de ellas absolutamente tendenciosas, sobre los avances y retrocesos de la justicia en las causas que son de conocimiento público y que involucran a varios ex funcionarios del gobierno depuesto a través de las urnas en 2015, y también a algunos legisladores que se aseguraron una banca para entorpecer cualquier investigación judicial.
Más allá de los casos resonantes – porque están en boga mientras sean negocio para la libertad de empresa (perdón… de prensa) -, tenemos los otros, la estremecedora mayoría de procesos judiciales que nunca llegan a los medios porque no le dan a éstos el beneficio de inventario que persiguen.   
La «industria» del juicio, en la mayoría de las ramas del derecho, es muy importante por la desorbitada masa de dinero que mueve y la mano de obra burocrática a la que le garantiza su pitanza, a la inversa de muchas otras industrias dedicadas a la producción de bienes y servicios.
El Poder Legislativo le ha garantizado a su par Judicial todos los recursos procesales para que hasta las cuestiones más nimias reposen por meses o años en los anaqueles de fiscalías, secretarías, juzgados y demás dependencias de un poder republicano que no da satisfacciones en tiempo y forma, pese a ser el último recurso que todo ciudadano tiene ante las injusticias y el atropello de otros integrantes del Estado, públicos o privados.
La llave de este entramado la dio a conocer hace casi tres siglos, el gran pensador francés Montesquieu, cuando expresó en su libro “Cartas persas” (Carta 68)
«Rica a Usbek»:

Rica “El otro día fui a comer a la casa de un Juez (…). Después de haber hablado de muchas cosas le dije:

Señor, me parece que vuestro oficio es muy penoso.
JuezNo tanto como lo imagináis – me contestó -. Del modo como lo hacemos, no es más que una diversión.      
Rica¡Pero cómo! ¿No tenéis siempre la cabeza llena de los asuntos de los demás? ¿No estáis siempre ocupado en cosas que no son interesantes?
Juez Tenéis razón. Esas cosas no son interesantes, ya que nos interesamos poco y nada; y esto mismo hace que el oficio no sea tan fatigoso como decís.
Rica (Cuando vi que tomaba la cosa de modo tan ligero, continué:)
          Señor, no he visto vuestro gabinete.
JuezYa lo creo, puesto que no lo tengo. Cuando tomé este cargo, necesité dinero para pagarlo; vendí mi biblioteca, y el librero que la compró, de un prodigioso número de volúmenes, no me dejó sino el libro de cuentas. ¿Para qué queremos todos esos libros de leyes? Casi todos los casos son hipotéticos y salen de la regla general.
 Rica – (Pero señor – le dije -) ¿no será que porque vos los hacéis salir? Porque en fin, ¿por qué habría leyes en todos los pueblos del mundo si no tuvieran aplicación? ¿Y cómo se las puede aplicar si no se las conoce?
JuezSi conocierais el Palacio – continuó el magistrado – no hablaríais así; tenemos libros vivos, que son los abogados; trabajan para nosotros, y se encargan de instruirnos.
Rica¿Y no se encargan también, a veces, de engañaros? – le repliqué -. No haríais mal en protegernos de sus asechanzas. Tienen armas con que atacan vuestra equidad, y sería bueno que también las tuvierais para defenderla; y que no os arrojarais a la batalla vestidos ligeramente entre gente acorazada hasta los dientes.”
En nuestro país, mientras la dinámica social viaja en avión, nuestros – demasiado bien pagos y aforados – legisladores lo hacen en bicicleta; por lo tanto, la formación y sanción de las leyes no tiene influencia en tiempo real sobre los ordenamientos sociales, con lo cual, los abogados están haciendo permanente exégesis sobre las normas existentes, algunas vigentes y no todas de efectiva aplicabilidad.
El ejemplo más cercano es el de una ley no derogada (Ley 24390) a la cual echaron mano para justificar el “dos por uno” a los condenados en los apócrifos juicios por delitos de lesa humanidad.
Decía Miguel de Unamuno en su libro “Del sentimiento trágico de la vida”:
“Cuando en mi función burocrática me he encontrado alguna vez con alguna disposición legislativa que por su evidente absurdidad estaba en desuso, he procurado siempre aplicarla. Nada hay peor que una pistola cargada en un rincón, y de la que no se usa; llega un niño, se pone a jugar con ella y mata a su padre. Las leyes en desuso son las más terribles de las leyes, cuando el desuso viene de lo malo de la ley. (…) Porque mientras andan algunos por acá buscando yo no sé qué deberes y responsabilidades ideales, esto es, ficticios, ellos mismos no ponen su alma toda en aquel menester inmediato y concreto de que viven, y los demás, la inmensa mayoría, no cumplen con su oficio sino para eso que se llama vulgarmente cumplir para cumplir, frase terriblemente inmoral -, para salir del paso, para hacer que se hace, para dar pretexto y no justicia al emolumento, sea de dinero o de otra cosa”.
El fariseísmo es una institución dentro del Poder Judicial, que cohabita en la Corte Suprema, en el Ministerio Público Fiscal, en los Juzgados Federales y Ordinarios, las Defensorías, las Secretarías y hasta en los cuerpos de Peritos Forenses; no sólo a nivel nacional, sino también en cada una de las provincias argentinas.    
Por supuesto que ante las lagunas del derecho, los «sabiondos» justicieros, con sus mentes atestadas por la agobiante pandemia de picapleitos que hacen de la interpretación de las normas legales la más acérrima defensa del agraviante, mas no del agraviado, echan culpas por doquier, no sin razón, a los legisladores que no actualizan la normativa; pero no tienen empacho en usar leyes obsoletas pero no derogadas para beneficiar al presunto criminal.
En el otro rincón, los «honorables legisladores», sabedores de sus defecciones funcionales, rechazan las críticas del otro par republicano arguyendo cuestiones partidarias o facciosas, nunca ideológicas y menos asidas a los principios constitucionales que rigen, o deberían regir, su accionar.
Hasta el hartazgo seguimos leyendo y escuchando en los medios a una multitud de funcionarios y de ‘letrados’ saturando el éter con su trillada retórica y seudo oratoria de cafetín, poniendo a consideración de la comunidad argumentos de lo más variados, insólitos y hasta ridículos, con la sola finalidad de imponer un mensaje que sirva en la eventualidad – ante alguna duda del Juez o del propio jurado – para inducirlo a decidirse en favor de sus patrocinados, normalmente hipotéticos culpables de comisión de delitos.
Como si la administración de justicia no hubiese dejado qué desear desde la misma organización nacional, en la pergeñada reforma constitucional de 1994, se reflotó el “juicio por jurados”, que había sido previsto por los constituyentes de 1853 (Art. 24), cuestión debatible desde todo punto de vista.
Montesquieu, en su obra “El espíritu de las leyes” expresaba:
En Roma y en las ciudades griegas, los jueces no se comunicaban entre sí, ni necesitaban conciliarse: cada uno emitía su juicio de una de estas tres maneras: absuelvo, condeno, aclárese. Se suponía que juzgaba el pueblo; pero el pueblo no es jurisconsulto; las modificaciones y temperamentos de los árbitros no son para él: hay que presentarle un solo objeto, un hecho, un solo hecho, para que vea solamente si debe condenar, absolver o aplazar el juicio. (1)
Es evidente que desde la antigüedad existía la preocupación en la forma de hacer justicia, especialmente en las repúblicas, donde se estaba consciente de que era el ‘pueblo’ quien debía juzgar pero con la condición de que lo hiciera sobre la base del conocimiento específico de lo que estaba haciendo; es decir, con cierta idoneidad. 
Considero que es una mezquindad intelectual decir que el juicio por jurados es una garantía de las partes de no verse sometidas o abusadas por el Estado, como dice Hendler; el abuso también puede darse por desconocimiento o, sencillamente, por convicciones ajenas, en este caso la buena oratoria del expositor. Al respecto, esta reflexión de José Ingenieros, me exime de mayores precisiones “…oradores interesantes, arrullaban o entusiasmaban a los auditorios con hermosos discursos e imperscrutables metáforas, bastándoles para ello no plantear ningún problema claro y concreto, ni chocar en lo restante con esa vanidad humana que cree en la posibilidad de saber sin estudiar, adivinando. ¿Y quién renuncia a creerse capaz de adivinar lo que no tiene el coraje de estudiar?(2)
Las garantías constitucionales, aunque en más de una oportunidad sean soslayadas por los justicieros y haya que recordarles su existencia, están para preservar los derechos subjetivos de víctimas y victimarios. El juicio por jurados termina siendo una timba irresponsable a través de la cual un grupo de legos se ven compelidos a emitir un veredicto que, probablemente, las más de las veces excede sus capacidades de entendimiento y habilidades de discernimiento en cuanto a lo que debe ser la administración de justicia.
Conclusión: Su Señoría se saca de encima el lastre de quedar ligada a un fallo de ‘culpabilidad’ o ‘inocencia’, y desde la comodidad de su escritorio sólo se limita a determinar el “quantum” de la sentencia – cuyos mínimos y máximos ya están especificados en el código de rito -, delante de la comunidad y todos se van a casa después de sentir que “han cumplido con su deber”. Usía con su abultado sueldo y los jurados con sus graves dudas y unas chirolas en su linyera.
La Justicia debe necesariamente mantener un equilibrio, que no es otro que el del imperio del principio de ecuanimidad y la determinación de la verdad de los hechos acontecidos, que debe sostenerse a través del más estricto cumplimiento de la legislación para salvaguardar los derechos y las obligaciones de la sociedad jurídicamente organizada.
Mientras nuestra justicia siga siendo un reducto donde justicieros y leguleyos – gestionadores de exenciones – usen todas las lagunas del derecho para entorpecer y ralentizar los procesos judiciales, especialmente aquellos donde se encuentran involucrados funcionarios y/o ex funcionarios de los tres poderes y su entorno connivente, obteniendo ingentes ganancias, difícilmente encontremos algún «pez gordo» tras las rejas, salvo algún idiota útil que sea utilizado por los medios como chivo expiatorio. Tal es el caso de “los narcos” atrapados días pasados en la villa 1-11-14, como si la droga la hubiesen fabricado ellos mismos en el baño de su cubil en lugar de recibirla desde el exterior.
El Presupuesto Nacional del año 2017, asigna las siguientes partidas para la Justicia:
Poder Judicial $ 23.805 millones; Ministerio Público Fiscal $ 7.724 millones; lo que hace un total de 31.529 millones de pesos para sostener una burocracia que carece de eficiencia (muchos empleados y pocos resultados) y de eficacia (miles de juicios y escasas sentencias). Todo esto sin contar lo que cada ciudadano debe abonar en concepto de tasas de justicia por cada trámite, más lo que cada abogado patrocinante (obligatorio por la bolsa de trabajo auspiciada por el Poder Judicial), cobra en concepto de procuración y honorarios.
A todo ello hay que agregarle lo que cada presupuesto provincial prevé para la administración de Justicia en cada distrito.
Por último, es de hacer notar que el daño mayor que se le ha causado a la Justicia en nuestro país, ha sido provocado por la irrupción de la política y de otros poderes dentro de las estructuras judiciales, cuestión que data de mediados del siglo 19.  
Todo aquel que toma posición públicamente a través de sus actos, a favor de alguna ideología política, o – antes de ser magistrado – ha estado enrolado en algún partido político, NO PUEDE NI DEBE SER JUEZ, FISCAL O DEFENSOR OFICIAL.

“Nada destruye más el respeto por el Gobierno y por la ley de un país que la aprobación de leyes que no pueden ponerse en ejecución” Albert Einstein (1879-1955)

(1) “El espíritu de las leyes” – Montesquieu (1689-1755)
(2) “”Hacia una moral sin dogmas” – José Ingenieros (1877-1925)
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