FUERZAS ARMADAS, ORIGEN Y DESTINO

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 “La patria tiene intermitencias: su unidad moral desaparece en ciertas épocas de rebajamiento, cuando se eclipsa todo afán de cultura y se enseñorean viles apetitos de mando y de enriquecimiento. Y el remedio contra esa crisis de chatura no está en el fetichismo del pasado, sino en la siembra del porvenir, concurriendo a crear un nuevo ambiente moral propicio a toda culminación de la virtud, del ingenio y del carácter.
Cuando no hay patria no puede haber sentimiento colectivo de la nacionalidad – inconfundible con la mentira patriótica explotada en todos los países por los mercaderes y los militaristas -. Sólo es posible en la medida que marca el ritmo unísono de los corazones para un noble perfeccionamiento y nunca para una innoble agresividad que hiera el mismo sentimiento de otras nacionalidades”. (1)

Profesionalidad:

“Conservad siempre unida la oliva de los sabios al laurel de los guerreros y esperad de la Junta un celo para vuestro bien, igual al que habéis manifestado para formarla. Esta recíproca unión de sentimientos ha fijado las primeras atenciones de la Junta, sobre la mejora y fomento de la Fuerza militar de estas provincias; y aunque para justa gloria del país es necesario conocer un soldado en cada habitante, el orden público y la seguridad del Estado exigen que las esperanzas de los buenos patriotas y fieles vasallos reposen sobre la fuerza reglada correspondiente a la dignidad de estas provincias;…” (2)
Todo ser humano nace con una impronta genética y el entorno va coadyuvando a su acentuación alternativa de vicios y virtudes, según sea, los cuales van impulsando a la persona en la construcción de su vida.
Antaño, quien no pertenecía a una familia de estrato social medio-alto, no tenía demasiadas expectativas respecto a su futuro. Aquellos grupos familiares cuyas cabezas ostentaban alguna profesión respetada y – consecuentemente – rentable, en general legaban a su descendencia la propensión a elegir la ocupación del progenitor o le era ‘sugerida’ alguna otra con buen porvenir.

Estas costumbres se mantuvieron en nuestro país hasta hace pocas décadas, donde era claro que las profesiones dominantes en la ‘clase dirigente’ eran las de abogado, clérigo o militar; todas relacionadas con las ventajas comparativas de acceso al poder.

Personalidad:

Escribía el filósofo estadounidense William James: “Lo que una guerra exige de cada uno es menosprecio por los compañeros, por las tropas del enemigo y, sobre todo, un menosprecio intenso por la propia persona. Para un ejército es mucho mejor ser demasiado salvaje, demasiado cruel y demasiado bárbaro que poseer excesivo sentimentalismo y sensibilidad humana. Si un soldado ha de ser bueno para algo en tanto que soldado, ha de ser exactamente lo opuesto de un hombre razonable y reflexivo. La medida de su bondad es su posible utilidad en la guerra. La guerra, e incluso la paz, requieren del soldado unos modelos de moralidad absolutamente peculiares. El recluta tiene unas nociones morales comunes de las que ha de intentar liberarse inmediatamente. Para él la victoria y el éxito han de serlo todo. Las tendencias más salvajes del hombre resucitan en la guerra, y son inconmensurablemente valiosas para utilizarlas en la guerra. (…) Consecuentemente, el soldado debe ejercitarse en ser insensible hacia esas simpatías y respetos usuales, ya sea hacia las personas o las cosas, que contribuyen a la conservación. Sin embargo, persiste el hecho de que la guerra es una escuela de la vida esforzada y del heroísmo, y al estar en la línea del instinto primigenio, es la única escuela que de momento (1902) es universalmente asequible.” (3)
Lo precedente ha sido superado porque la guerra, tal como estaba planteada a fines  del siglo 19, fue evolucionando al punto de hacer cada vez más circunstancial el enfrentamiento «cuerpo a cuerpo» entre los integrantes de los bandos enemigos.
Sin dudas que se enseñaba a odiar al contrario para no tener prurito alguno cuando había que eliminarlo.
Es precisamente esa formación basada en la insensibilización personal la que otorga generalmente al militar su carácter hosco, cuasi misantrópico y fundamentalmente de recelar de su entorno castrense y esencialmente del medio civil.
El militar dedicado a la guerra, su profesión habitual, siempre estuvo y se consideró un escalón por encima del resto de la sociedad; no sólo por su pensamiento sino por ser el portador de las armas, que eran – y siguen siendo – lo único que siempre fue visto como una auténtica manifestación de poder disuasivo absoluto.

Conductas:

Decía Lord Dalberg Acton: “El poder tiende a corromper; el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Las hipótesis de conflicto internacional, luego de la guerra contra el Imperio del Brasil (1828), fueron tan exiguas que nuestras fuerzas armadas continuaron «ejercitándose» en los conflictos internos; i.e. participando en las mentadas guerras civiles, alentadas desde el exterior por quienes reclamaban un orden jurisdiccional para organizar adecuadamente la expoliación que habíase de iniciar con la llegada de los ferrocarriles.
Agreguemos que el impasse de la Guerra de la Triple Alianza (1864/70) no hizo disminuir las luchas internas a cargo de los ejércitos porteños, desde la desaparición física de Ángel V. Peñaloza (1863) hasta la derrota de Felipe Varela (1870).
Las sublevaciones encabezadas por oficiales del más alto rango posteriores a la vigencia de la Constitución Nacional (1853), conforman la evidencia más palmaria del accionar político civil y el uso discrecional de la fuerza militar en cuanto a sus manifestaciones de poder supra legal.
Al respecto, el Art. 106 de la Constitución de 1853 expresaba: “Ninguna Provincia puede declarar la guerra a otra Provincia. Sus quejas deben ser sometidas a la Corte Suprema de Justicia y dirimidas por ella. Las hostilidades de hecho son actos de guerra civil, calificados de sedición o asonada, y el gobierno federal debe sofocar y reprimir conforme a la ley”.
Lamentablemente, las divisiones ideológicas existentes en la política doméstica también contaminaron a las fuerzas armadas desde los mismos albores de la Patria, y nunca dejaron que éstas se irguieran en profesionales al servicio de la Nación, condicionando su accionar a los vaivenes de los políticos de turno. 
Casualmente, desde 1854, el accionar anticonstitucional de decenas de altos mandos militares, enfrentados entre sí por los intereses políticos de civiles en una franca lucha por el dominio, no tuvo el destino que la constitución preveía y terminaron naturalizando la intervención de los primeros en todas y cada una de las asonadas concretadas, algunas con mayor éxito que otras, pero todas quebrantando el orden institucional.
Los movimientos rebeldes (1852, 1859, 1861, 1874, 1890, 1893, 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976), gestados con la participación de altos oficiales de las fuerzas armadas fueron profundizando una animadversión desde la civilidad que, a no dudarlo, fue aprovechada a fortiori por quienes desde antaño pescaban en río revuelto.
Estas situaciones terminaron con el militar argentino formando una verdadera corporación que acabó escindida de la sociedad a la cual pertenecía y que, constitucionalmente, debía proteger y defender en caso de agresión exterior.
Ese aislamiento del sector castrense, sumado a las permanentes defecciones de sus mandos conniventes con politicastros proclives al asalto del poder, con más la prédica sistemática de los agoreros de foráneas ideologías, acabó habituando a la sociedad a denostar a todo aquel que portara un uniforme, ya fuera miembro de las fuerzas armadas, de seguridad o policiales.
Inclusive, dentro mismo de ellas se formaron facciones que traicionaron sus propios códigos de honor internos, con lo cual hubiese sido muy complicado tener que sostener una guerra con otro país. El ejemplo más evidente fueron los enfrentamientos internos entre los mandos que condujeron a la derrota militar en el conflicto del Atlántico Sur (1982).
A partir de esto, en cada disputa institucional que se producía en la Argentina, siempre hubo oficiales militares involucrados, ya fuera como miembros activos o como partícipes necesarios respaldando el acto rebelde. Como suele suceder en nuestro país, la Corte Suprema de Justicia brilló por su ausencia, desde 1863 – año en que empezó realmente a funcionar – hasta nuestros días.
No ha habido juicio alguno a los responsables sediciosos (civiles y militares), que quebrantaron el orden constitucional desde 1853 en adelante.
Los simulados juicios sumarísimos de junio de 1956, fueron simples asesinatos; y las parodias justicieras alfonsinista, menemista y kirchnerista no se montaron para juzgar el delito de sedición sino para justificar el accionar del terrorismo y condenar el del contraterrorismo sufrido en la Argentina entre 1976 y 1980.

Obediencia Debida.

Ahora bien; no olvidemos que las fuerzas armadas están estructuradas de manera vertical, por lo que el superior ordena y los subalternos obedecen; por ello, caer en el simplismo de decir que todos los militares son malos, es repicar la acarminada retórica que nos ha empujado al actual estado de opinión, armonizada comercialmente por la prensa amarillista y mercenaria de todo estipendio.
Esa misma maldita prensa que en las semanas previas a los golpes sediciosos, alentaba a los mandos militares que iban a exhibir públicamente sus intimidantes atavíos para que una pandilla de politicastros obtuviese el beneficio de inventario de sus abyectos y cicateros intereses sectarios.(Ejemplo: Vociferaba Bartolomé Mitre en su Diario La Nación del 24/01/1890: “De la misma manera que el oro ha ido a 120, a 150, a 200 y a 230, subirá a 300 y a 400, por más que esto hoy nos parezca imposible, si continúan prevaleciendo las circunstancias y los hechos que han arraigado en la generalidad un sentimiento de profunda y justificada desconfianza respecto de la administración del país).
No obstante, si algún subalterno no estaba de acuerdo con la orden del superior o consideraba que le sobrevenía alguna objeción de consciencia, bien podía solicitar la baja o el retiro. Es realmente en ese trance extremo donde debía aparecer el mentado “honor y el declamado respeto del juramento a la Bandera”.
Todos y cada uno de los integrantes de las Fuerzas Armadas de la República Argentina, en algún momento de su vida militar expresan voluntariamente el “¡SÍ, JURO!” Ante la pregunta: “¿Juráis a la Patria seguir constantemente su Bandera y defenderla hasta perder la vida?”. Pero el tiempo y los usos y costumbres también hicieron lo suyo con este juramento, al igual que con el de otras profesiones de la civilidad, resultando hoy sólo una expresión huera.  

Historia:

El ejército y la marina de las Provincias del Río de la Plata, fueron instituciones de la naciente Nación, creadas por la Primera Junta de Gobierno Patrio en los días subsiguientes a la firma del Acta revolucionaria del 25 de Mayo de 1810, y que formalmente pelearían palmo a palmo contra las fuerzas coloniales por la liberación de lo que hasta entonces había sido el Virreinato del Río de la Plata. Su origen y destino no fueron otros que los de la defensa de la Patria contra todo intento de dominación extranjera.
Precisamente en Sudamérica, el siglo 19 se caracterizó por los simultáneos movimientos revolucionarios que, sin dudas, habían tenido su origen en el ideario de los pensadores liberales europeos y en los dos grandes procesos rebeldes, el de Estados Unidos de Norteamérica (1776) y el del Reino de Francia (1789).
Esto promovió sucesivos y cruentos enfrentamientos armados para los cuales, los incipientes Estados sudamericanos no estaban preparados. No olvidemos que nuestro país sufrió, sin solución de continuidad desde la asonada de Mayo de 1810 en adelante, numerosas y duras pruebas bélicas con resultados diversos, pero no en los externos, sino en los intestinos es donde los militares de carrera no se abstuvieron de participar, especialmente en las guerras civiles, demostrando que prevaleció más la tendencia a operar como ejércitos feudales que el comportarse como unas auténticas fuerzas armadas al servicio de la Nación. Convengamos que la denominada y poco fiable Organización Nacional no fue óbice para que continuaran los pronunciamientos cívico-militares en la Argentina.
Veintinueve gobiernos habían sucumbido en los primeros diecinueve años de vida como presunta Nación (Primera Junta, Junta Grande, tres Triunviratos, nueve Directores Supremos, diez gobernadores de Buenos Aires, dos presidentes y tres gobernadores bonaerenses más), hasta la llegada de Juan Manuel de Rosas (1829). Esto me trae a la memoria la «fábula de los trogloditas» relatada por Montesquieu en su libro “Cartas Persas” (Carta Nº 11). La falta de un sentido de pertenencia a la nueva Nación hizo que muchos de quienes debieron gobernar defeccionaran por sus propias ineptitudes y algunos hasta intentaran volver a convertirnos en colonia. (Ver Carta de Alvear a Lord Strangford).
Ya las aventuras políticas de sendos militares desde esta época y los enfrentamientos internos entre unitarios y federales, agravados después de 1820, habían promovido facciones encabezadas por altos jefes castrenses de Buenos Aires y por los caudillos del resto del país, iniciando la versión latinoamericana de señores feudales criollos con sus ejércitos personales que respondían a los intereses del Señor por sobre los de la Patria.
No en vano, el propio Gral. San Martín, premonitoriamente escribía el 22 de julio de 1820 desde su cuartel de campaña en Valparaíso (Chile):
“… a los habitantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata. (…) En fin, a nombre de vuestros propios intereses, os ruego que aprendáis a distinguir los que trabajan por vuestra salud, de los que meditan vuestra ruina: no os expongáis a que los hombres de bien os abandonen al consejo de los ambiciosos: la firmeza de las almas virtuosas no llega hasta el extremo de sufrir que los malvados sean puestos a nivel con ellas: y desgraciado el pueblo donde se forma impunemente tan escandaloso paralelo”.  
En realidad, las Provincias Unidas del Río de la Plata no eran tales, sólo el espíritu de los auténticos criollos sostenía con hilván esta hipotética unidad. Prueba de ello fueron las firmas de tratados y acuerdos – de difícil cumplimiento – entre quienes disputaban los espacios de poder (Tratado del Pilar del 23/02/1820; Pacto de Benegas del 24/11/1820; Tratado del Cuadrilátero del 25/01/1822; Pacto Federal del 04/01/1831; Constitución Nacional 1º/05/1853; Pacto de San José de Flores 11/11/1859).
El fuerte centralismo porteño con su gran poder militar (acicateado por Gran Bretaña), echaba por tierra cualquier intento de buscar el camino de la reconciliación nacional formando una auténtica Confederación. El caudillismo regional, exacerbado por el soslayo explícito de los políticos de Buenos Aires respecto al reclamo del “interior” – como habían motejado los centralistas en clara alusión peyorativa -, no había hecho más que acentuar las graves diferencias en el manejo de la cosa pública. Sin dudas de que la fragmentada casta militar doméstica, edulcorada por los intrigantes de la política y la diplomacia, era ampliamente contributiva a este verdadero pandemonio geopolítico.
Ya no se trataba de mantener la cohesión para repeler la agresión de un enemigo externo, sino que habían entrado en juego perverso los poderosos e influyentes intereses internacionales que determinaban la toma de partido.
La actitud de las fuerzas armadas en todo el territorio nacional después de 1820, fue la de responder a facciones políticas y no a los más altos intereses de la Nación. Partiendo del ejemplo del asesinato del Cnel. Manuel Dorrego a manos del Gral. Lavalle (13/12/1828) y continuando veintitrés años después con el que el Gral. J. J. Urquiza dio, no sólo derramando valiosa sangre argentina en la fratricida batalla de Caseros (03/02/1852), sino que además lo hizo con el concurso de tropas mercenarias provistas por los ancestrales contrincantes de la Patria, Uruguay y Brasil con la financiación de S.M.B.; la misma que un cuarto de siglo más tarde haría lo propio con la Campaña al Desierto (1878/85). 
Además de los golpes sediciosos con el objeto de desestabilizar o de derrocar, lisa y llanamente gobiernos, los pronunciamientos continuaron, en 1962 entre “Azules y Colorados”, e inclusive después de 1983 y ya durante los sucesivos gobiernos democráticos; como los del denominado «sector carapintada», para dirimir una interna entre sectores en pugna dentro del Ejército.
Para apaciguar los ánimos, el presidente Menem apeló a un fallo salomónico y firmó sendos Decretos de Indultos en 1989 y 1990 englobando a terroristas y antiterroristas, los que fueron derogados (por la Corte adicta ‘K’) por inconstitucionales durante el desgobierno de Néstor Kirchner para dejar la zona liberada y ejecutar la anhelada venganza sobre los presuntos represores.
Como continuaba el malestar dentro del Ejército, en diciembre de 1990, el habilidoso Gral. Balza echó mano a la contrainteligencia militar y – a través de ciertas añagazas – hizo salir a la luz a los cabecillas que aún quedaban en el sector discrepante interno y, aplastando a cañonazos a sus propios camaradas, logró una victoria resonante que lo posicionó como Jefe del Estado Mayor General de Ejército. 
La anunciada y nunca concretada profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas pergeñada por el entonces Presidente Menem y su lugarteniente Balza, articulada tras el asesinato del soldado conscripto Omar Carrasco en el GA161 de Zapala (Neuquén) en 1994, fue otra de las máculas que debió soportar el Ejército Argentino de parte de sus mandos; la voladura de la Fábrica Militar de Armas de Río Tercero, con siete muertos y más de trescientos heridos, para encubrir el robo de las armas y el desvío a Ecuador (en conflicto bélico con Perú) y a Croacia (embargada por S/Res. 713 (1991) ONU); la caída de un helicóptero del Ejército en 1996, en el Campo Argentino de Polo, con la muerte del Gral. Juan Carlos Andreoli (Interventor en Fabricaciones Militares), del Cnel. Roberto Aguilar (denunciante de la venta de armamentos a Ecuador y Croacia) y otros nueve pasajeros, entre ellos un Gral. Peruano; la entrega – a fines de 2009 – a manos del Dr. Ramón Torres Molina (Presidente del Archivo de la Memoria), de un Listado ¡apócrifo! de todos los integrantes (militares y civiles) del área de Inteligencia del Ejército entre 1976 y 1983, (que además fue cedido a la Revista 23 y por ésta a algunos diarios del país), cuando el Decreto Nº 4/2010 del PEN del 05/01/2010 sólo autorizaba a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso Nacional a dar una ínfima parte de esa información al Juez Federal de La Plata por hallarse sustanciando una causa específica.
Esa filtración se hizo siendo Jefe del Estado Mayor del Ejército el Tte. Gral. Luis POZZI y Jefe de Inteligencia el Gral. Br. César MILANI. Ambos, junto a la presidente CFK, violaron no solamente el propio Decreto mencionado, porque pusieron en conocimiento – no sólo en el país, sino también en el exterior – nombres y cargos reservados (Art 16 – Ley 25520 – Ley de Inteligencia Nacional), sino también especialmente los de aquellos que habían operado durante el conflicto en el Atlántico Sur (1982) (Ver Art. 2 del Decreto 4/2010). Si esto no es traición a la Patria, (Art. 119 C. N.) ¡QUÉ ES! – Ver Art. 222 del Código Penal de la República Argentina (4).
Síntesis:
Indubitablemente la malsana costumbre de dar alternativamente apoyo a distintas camarillas políticas terminó naturalizando una injuriosa relación político-militar, y en desmedro de los ideales más nobles para enaltecer a la Patria, siendo sólo una componenda con los más mezquinos y ultrajantes intereses de aventureros que se habían habituado a desestabilizar y/o derrocar gobiernos constitucionales.
La consecuencia de tales actos ha sido que muchas de las sucesivas cúpulas de nuestras fuerzas armadas concretasen pactos espurios pero ya exigiendo algo a cambio.
Así como aquellos que llamaban a luchar a su favor a tropas mercenarias ofreciendo salarios insustanciales pero garantizando el «botín de guerra» para evitar que terminasen concurriendo en su propia ruina; no podemos dejar de pensar que bien pudo haber sucedido algo similar con algunos jefes castrenses domésticos; considerando además el despreciable recurso de parapetarse tras un falso espíritu patriótico.   
Por su organización interna, muchos de aquellos subalternos que participaron de las aventuras destituyentes, asonadas y revueltas organizadas por sus jefes en connivencia con civiles domésticos y/o internacionales, tarde o nunca pudieron saber hacia dónde los conducía su «debida obediencia». Si hay algo que, en general, no ha caracterizado a nuestros militares es la “objeción de consciencia”, la cual ha quedado debidamente neutralizada por el dogma reglamentarista infundido en los institutos castrenses.
No se trata de que las fuerzas armadas estén inmersas en un permanente estado deliberativo, porque sería imposible sostener el orden y el principio de autoridad, pero el verdadero ejemplo de cualquiera que ejerza el mando debe ser su propia actitud, no desde la ceguera incondicional de seguir afirmando que “el superior siempre tiene razón, y más cuando no la tiene”, auténtica aberración de toda laya, sino demostrando sabiduría, firmeza y ecuanimidad en la toma de decisiones. Nada hay más importante que la “confianza” del subalterno en su superior, porque la obediencia se hace más viable y contundente.

Conclusión:

La recomposición de nuestras Fuerzas Armadas y, consecuentemente, las de Seguridad y Policiales, debe indefectiblemente partir de reasignarles su función prístina, y considerar a cualquiera de sus miembros como “delincuente y/o infame traidor a la Patria” en caso de que se aparte un ápice de lo que es su misión y penalizarlo con la más rigurosa sanción prevista.
Esto debe ir acompañado por similar punición a todo aquel civil que intente atraer hacia sí a algún miembro de cualquiera de las fuerzas mencionadas para que forme parte de alguna asociación ilícita y/o con fines inconfesables.
Es muy tedioso tener que seguir enumerando cuestiones delictivas en las que se han visto involucrados altos mandos de las Fuerzas Armadas, más allá de los golpes sediciosos asestados a los gobiernos democráticos a lo largo de nuestra historia.
Las Fuerzas Armadas son el brazo armado en defensa de la Patria, se nutren del pueblo de la Nación y son financiadas con el esfuerzo conjunto de la ciudadanía.
No son, y deberían dejar de ser, por lo menos en lo intelectual, un poder político ni un elemento coactivo para los argentinos.
Desde su ingreso en las instituciones ad hoc, tanto los futuros oficiales, como los suboficiales y los soldados voluntarios deben ser formados en valores ciudadanos, porque antes que soldados son personas y ciudadanos argentinos; a partir de allí no insuflarle el odio sistemático hacia su eventual enemigo, porque ello ha hecho que no hayan sido capaces de estudiarlo detenidamente para entender su accionar, y así les ha ido en su actuación profesional.
Dice von Clausewitz en su obra “De la guerra”: Con el término «información» significamos todo el conocimiento que poseemos sobre el enemigo y su territorio. De hecho constituye, por tanto, el fundamento de todos nuestros planes y nuestras acciones”.
Cuanto más exacta y confiable sea esa información, mayores serán las posibilidades de derrotar al eventual enemigo. Para ello es imprescindible contar con una red de información que no sólo debe ser parte integral de las Fuerzas Armadas, sino de la misma civilidad y de todos aquellos contactos activos y/o eventuales de que se disponga en el exterior, para el caso de la Defensa Nacional y en el interior para el caso de la seguridad interna.
La Ley 23554 de Defensa Nacional, expresa en su Art. 15º – El organismo de mayor nivel de inteligencia proporcionará la información y la inteligencia necesarias a nivel de la estrategia nacional de la defensa.
La producción de inteligencia en el nivel estratégico militar estará a cargo del organismo de inteligencia que se integrará con los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y que dependerá en forma directa e inmediata del Ministro de Defensa.
Las cuestiones relativas a la política interna del país no podrán constituir en ningún caso hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia militares.”
Es muy ilustrativo el tenor de la Ley 24059 de Seguridad Interior en su Art. 8º, inciso 2. Dirigir y coordinar la actividad de los órganos de información e inteligencia de la Policía Federal Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria; como también de los pertenecientes a Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, en estos últimos casos exclusivamente a los efectos concernientes a la seguridad interior”. Similar temperamento deberían adoptar las Policías provinciales.
En definitiva, aislarse en las unidades militares y seguir creyendo que forman una casta que está un escalón por encima del resto de la sociedad, apartándose de la misma, no contribuye en absoluto a la estrategia de defensa y/o de seguridad interior planteada por la legislación vigente.
A este panorama le agregamos la diatriba constante de la prensa amarillista y mercenaria de todo estipendio, que en lugar de valorizar los esfuerzos legales para vivir en una sociedad más segura, se refiere a la Información y la Inteligencia que sobre ella se realiza en forma peyorativa, como si las tareas de espionaje alrededor del mundo no hubiesen impedido más catástrofes que las acontecidas desde hace siglos.
¿O será que estos medios mesnaderos reclaman ser los principales actores en la comercialización de la información, tal como hoy lo hacen con las filtraciones en delicadas y controvertidas causas judiciales?
Estos mismos plumíferos que se refieren a los agentes secretos como ‘topos’ o, simplemente, ‘espías’, en nada ayudan para encauzarlos en una actitud positiva para los más altos intereses de la Patria. 
“Para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Sí sé es una buena persona se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias.” (Ryszard Kapuscinski)
Los tiempos de la concurrencia a los cursos estratégicos que se dictaban desde la guerra fría en Estados Unidos de Norteamérica y en Panamá, para que los altos oficiales argentinos pudiesen acceder políticamente al generalato han pasado. Los actuales planteos de la insurgencia son otros y los recursos con que cuentan los potenciales enemigos son, por el momento, mucho más importantes que los que pueden exhibir nuestras Fuerzas Armadas.
No hay más que observar a nuestro alrededor para darse cuenta del poderío tecnológico militar que albergan nuestros vecinos inmediatos; los grandes y los pequeños. Ergo, no hay mejor forma de elaborar una respuesta adecuada ante cualquier contrincante que cuando nuestras fuerzas armadas y de seguridad se hallan acompañadas por el sentimiento y la razón de la mayoría de los argentinos.
La urgente profesionalización, rearme y formación en las últimas tecnologías militares internacionales son un imperativo para este gobierno. Sin duda que para que ello sea factible, el presidente debe tener a su lado a asesores que efectivamente sepan de estas cuestiones tan delicadas para la protección integral de la Nación. No es un Ingeniero Agrónomo ni una Licenciada en Humanidades y Ciencias Sociales los más idóneos para desempeñarse en los Ministerios de Defensa y de Seguridad respectivamente. Si realmente quiere adecuar a los nuevos tiempos a nuestras FF.AA., de Seguridad y Policiales, debe llevar a esos Ministerios a personas idóneas, esto significa preparadas en ese metier y con la experiencia necesaria. Son dos áreas donde no se puede improvisar.
Respecto a lo que pueda decir la prensa y/o los oposicionistas consuetudinarios, le recuerdo las palabras de Winston Churchill: “Nunca llegaras a tu destino si te detienes a tirar piedras a cada perro que ladra”.
Por último, sería más que importante que todos meditaran con este pensamiento del historiador francés:
“La palabra patria significaba, entre los antiguos, la tierra de los padres, térra patria. La patria de cada hombre era la parte de suelo que su religión doméstica o nacional había santificado, la tierra donde reposaban los huesos de sus antepasados, y ocupada por sus almas. La patria chica era el recinto familiar con su tumba y su territorio marcado por la religión. «Tierra sagrada de la patria», decían los griegos. No era ésta una vana frase. Este suelo era verdaderamente sagrado para el hombre, pues estaba habitado por sus dioses. Estado, Ciudad, Patria; estas palabras no eran una abstracción, como entre los modernos; representaban con fidelidad un conjunto de divinidades locales, con un culto cotidiano y creencias arraigadas en el alma. «La patria tenía al individuo sujeto con un vínculo sagrado; debía amarla como se ama a la religión y obedecerla como se obedece a Dios».

Debe uno entregarse a ella por completo, dedicarlo todo a ella, consagrándoselo todo. Había que amarla gloriosa u oscura, feliz o desgraciada; amar sus beneficios y hasta sus rigores. Sócrates, condenado sin razón por ella, no estaba dispensado de amarla; había que quererla como Abraham a su Dios, hasta sacrificarle su propio hijo. Era necesario ante todo saber morir por ella; y tanto el griego como el romano no se sentían inclinados a morir por adhesión a un hombre o por punto de honor, pero por la patria daban con gusto la vida, porque atacar a su patria era atacar a su religión.” (5)

 

No son las instituciones las que enaltecen al hombre sino éste quien debe enaltecer a las instituciones.

(1) “El hombre mediocre” – José Ingenieros – 1877/1925
(2) Párrafo saliente del Decreto de Creación del Ejército Argentino de la Primera Junta de Gobierno Patrio del 29/05/1810.
(3) “Las variedades en la experiencia religiosa” – William James – 1842 – 1910
(4) Artículo 222. – Será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años, el que revelare secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación. (Párrafo sustituido por Art. 8° del Anexo I de la Ley N° 26.394 B.O. 29/8/2008. Vigencia: comenzará a regir a los SEIS (6) meses de su promulgación. Durante dicho período se llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre su contenido y aplicación)
En la misma pena incurrirá el que obtuviere la revelación del secreto. Será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que públicamente ultrajare la bandera, el escudo o el himno de la Nación o los emblemas de una provincia argentina.
Si la revelación u obtención fuese cometida por un militar, en el ejercicio de sus funciones el mínimo de la pena se elevará a tres (3) años y el máximo de la pena se elevará a diez (10) años. (Párrafo incorporado por Art. 9° del Anexo I de la Ley N° 26.394 B.O. 29/8/2008. Vigencia: comenzará a regir a los SEIS (6) meses de su promulgación. Durante dicho período se llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre su contenido y aplicación)
(5) “La ciudad antigua” – Numa Denys Fustel de Coulanges – 1830/1889

 

 

 

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