JUSTICIA AL PASO

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JUSTICIA AL PASOComo decía el gran filósofo alemán Friedrich W. Nietzsche, “No existen fenómenos morales, sino sólo una interpretación moral de los fenómenos…”.
Y José Ingenieros, perteneciente a la generación posterior, expresaba: “En cada ambiente y en cada época existe un criterio medio que sanciona como buenos o malos, honestos o delictuosos, permitidos o inadmisibles, los actos individuales que son útiles o nocivos a la vida colectiva. En cada momento histórico ese criterio es la subestructura de la moral, variable siempre.
Las sociedades van evolucionando y la moral parece depender del lugar y del tiempo en que se discierne sobre lo bueno o lo malo.
Nuestro país no escapa a las generales de la ley, por lo tanto algunas situaciones que en el pasado se consideraban inmorales hoy pueden terminar convertidas en un valor positivo por coerción social.
Lo que es realmente complicado definir son los valores sociales protegidos o a protegerse por la Justicia, más aún cuando quienes tienen a su cargo la formación y sanción de las leyes podrían ser considerados, por lo menos, como de dudosa catadura moral.
No hay más que recorrer los medios de prensa amarillista y mercenaria de todo estipendio, para percibir el grado de sicosis al que han llegado el funcionariado oficialista y los politicastros opositores, deviniendo del perverso juego de denuncias y sospechas sembradas sobre sus eventuales adversarios, como modo práctico de descalificación personal.
Nuestra sociedad no ha tomado real conciencia de que una de las secuelas del accionar de las últimas dictaduras cívico-militares que asolaron al país ha sido el acto de “prejuzgamiento”, violatorio del Artículo 18º de la Constitución Nacional y de todas las convenciones internacionales al respecto, al sacar (de hecho) de sus jueces naturales a cualquier ciudadano y sin permitirle ejercer el derecho de legítima defensa, burlando el debido proceso.
Lo que al hombre le costó siglos reconocer, proteger y defender como ‘derechos humanos’, cualquier gobierno, de facto o de derecho, lo borra de un plumazo sin escrúpulos de naturaleza alguna.
Hoy la justicia ‘existe’ o ‘no existe’, según quien se sale o no con la suya; ese es el mensaje permanente de las instituciones del Estado, de la oposición política y del resto de las corporaciones profesionales.
El caso más emblemático por estos tiempos es el del vicepresidente de la nación, aquel que está siendo sometido a proceso por el juez Ariel Lijo, el que en definitiva debería ser quien oportunamente dicte sentencia condenatoria o absolutoria.
Pero como dije más arriba, el oficialismo lo prejuzga inocente y la oposición lo prejuzga culpable, pretendiendo ambos tener poder e influencia sobre quienes por ley son sus jueces naturales y deben asegurarle al encausado todas las garantías del debido proceso. 
La prensa no es ajena a esto y cotidianamente instila su tósigo a este pandemonio institucional, llamando a confusión e incitando a la comunidad a tomar partido en un hecho cuyo contexto le es, judicial y políticamente, desconocido.
Sin ir más lejos, el conocido relator futbolero oriental devenido en periodista político ha hecho una defensa a ultranza del eslizón Boudou con la particularidad de aprovechar la coyuntura para deponer alegremente sus heces sobre el multimedio del muñequito y su CEO.
Pobre de nuestra sociedad si tuviésemos a cargo de impartir Justicia a individuos como Gullo, Carrió, Kunkel, Solanas, Capitanich, Abal Medina, Binner, Carlotto, Bonafini, Pinedo, D’Elía, Morandini, Juez, etc., o el mismo cardonense citado más arriba, que llegó a estas tierras en plena dictadura cívico-militar hace más de treinta años, con la linyera y en busca de su pitanza, y hoy se arroga el derecho de opinar y prejuzgar.
Pero es tal el grado de confusión y de pavor que aliena al funcionariado del régimen, que su torpeza ante las presentes urgencias pone en absoluta evidencia el perfil delictual de sus burócratas más importantes.  
La sanción de la Ley de Responsabilidad del Estado, cuando aparecen por doquier causas judiciales contra sus funcionarios es uno de los mamarrachos jurídicos más grotescos de la historia nacional.
Las designaciones exprés para cubrir cargos vacantes en el Poder Judicial apelando a militantes y/o simpatizantes del régimen, más el sesgo extorsivo del Consejo de la Magistratura sobre jueces probos, presagiaban densos nubarrones sobre la necesaria independencia de esta pata de la república tan importante. 
A ello se suma la defensa corporativa, y por fuera de la Justicia, que lleva a cabo el coro de encubridores y adulones de la claque cristinista que no es más que el síntoma inequívoco de la patética corrupción de la que ha hecho gala impunemente este gobierno. 
Allá por el mes de abril de 2012 (ver: http://www.soypatriota.com.ar/?p=622), alertaba en mi artículo “Si los jueces huyen”, sobre lo que hoy es un hecho consumado.
Sin dudas que aquello que deja alguna huella en nuestra conciencia es más factible de recordarlo y posiblemente sería pedir demasiado a nuestra sociedad que conserve una memoria histórica que la proteja para no reincidir en los errores del pasado; pero la gravedad de la hora amerita que la comunidad hurgue en su mente y reflexione sobre su rol y su responsabilidad primaria en la crisis que nos aflige desde nuestra conformación como Estado Nacional.
Ya no es posible que sigan endilgando a nuestros mandatarios la carga del fracaso y continúen eludiendo vuestro compromiso de haberlos votado sin cordura alguna y/o de llamarse a silencio cómplice aun no habiéndolos elegido.  
Que nuestra Constitución Nacional debe ser reformada es un hecho, y que los cambios deben ser elaborados por ciudadanos notables que ofrezcan cierta imparcialidad ideológica, una necesidad. Ahora bien, cuáles son las reformas necesarias, precisamente aquellas que le garanticen a la ciudadanía que quienes se desempeñen en las instituciones del Estado lo harán con la mayor transparencia y probidad, porque de lo contrario serán removidos de sus cargos sin contemplación alguna. Para ello hay que incluir el “Derecho de Referéndum y  el de Revocatoria de Mandatos”
Probado está que cuando un funcionario defecciona infringiendo la Constitución y las Leyes, el juego perverso del oficialismo con las mayorías y minorías en la Cámara de Diputados (acusadora) termina otorgando impunidad al presunto agraviador. Los casos más recientes como el de Ménem y el de Boudou, no dejan margen de duda.
La Carta Magna es la Ley Fundamental de un Estado de derecho, razón por la cual no puede ni debe ser manipulada por facciosos que su único interés es el de obtener ventajas personales o corporativas.
Por último, muchas leyes que han sido sancionadas por las mayorías oficialistas en el Congreso Nacional, no han sido revisadas por el máximo organismo de Justicia, es decir, por la Corte Suprema, como sí lo fueron las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, y los Decretos del Indultos del delincuente de Anillaco, entre otros.
Si los Ministros del máximo tribunal fuesen totalmente imparciales y estuviesen realmente al servicio de la Nación, más de una de las leyes excretadas por el régimen y sus acólitos deberían haber sido declaradas inconstitucionales.
La Justicia tiene sus tiempos procesales no sólo exigibles al ciudadano de a pie, sino también para los portadores de apellidos o aforados funcionarios, recordando que la Constitución Nacional en el Artículo 16º expresa: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.
“Todos somos iguales ante la Ley y ante Dios” o por lo menos deberíamos serlo, cuestión complicada con la cantidad de ‘mesías’ que hemos heredado por obra y gracia de las dictaduras cívico-militares y su contraparte, la subversión marxista con sus Ong’s estandarizadas. 
 
“Nada nuevo hay bajo el sol, las trampas siguen siendo las mismas pero todos los días nace un ingenuo”
 
 
 

 

 

 

 

 

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